La pandemia de la COVID-19 ha añadido un nivel más de complejidad al ya difícil equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores a los servicios de agua potable y saneamiento y el mantenimiento de la solvencia financiera de los proveedores de servicios. Lamentablemente, los efectos de la COVID-19 están dificultando cada vez más la recuperación de los costos de las empresas de abastecimiento de agua, lo que pone en peligro la prestación de servicios, la calidad del agua potable y los puestos de trabajo. Para profundizar en esta cuestión, el aliado de SWA Instituto del Agua de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), en Chapel Hill, organizó un foro virtual para examinar la mejor manera de equilibrar la necesidad de proteger a los consumidores –en particular a los que son vulnerables– y asegurar que tengan acceso al agua para combatir la enfermedad, y la sostenibilidad financiera de las empresas de servicios públicos.

El foro virtual comenzó con un análisis de la situación desde una perspectiva mundial, y un panel integrado por representantes de distintos sectores destacó los problemas actuales que enfrentan los proveedores de servicios y sus repercusiones financieras a largo plazo:

• Al-Hassam Adam, de la red de la sociedad civil “End Water Poverty” (EWP), examinó la importancia de proteger a los consumidores vulnerables, pero también expresó su preocupación por la solvencia financiera de los servicios públicos. Mediante una petición mundial, EWP pide a los gobiernos que hagan realidad con urgencia los derechos humanos de las personas “a un agua segura, físicamente accesible y asequible”, que se abstengan de desconectar a nadie de los servicios de agua, que paguen las facturas de las personas que no pueden costear los servicios de agua y que paguen el agua en las instituciones públicas durante la pandemia.
• Jabulile Mashwana señaló que, incluso antes de que se produjera el impacto de la COVID, la Eswatini Water Service Corporation tenía dificultades para recaudar ingresos porque, como dijo la Sra. Mashwana, “la gente tiene la idea de que el agua se supone que es gratuita... Nuestra línea de base ya estaba bajo presión”. Sin embargo, señaló que, como servicio público, “tenemos el mandato de garantizar que seguiremos proporcionando los servicios”. La Eswatini Water Service Corporation no ha aplicado ningún aumento de las tarifas en los últimos tres meses y está asegurando que todos los usuarios puedan acceder a los servicios colaborando con el organismo nacional de gestión de desastres para proporcionar agua gratuita en las zonas rurales remotas mediante camiones cisterna. Reconocen que el agua es un derecho humano, pero también que se debe suministrar de manera rentable; “el agua no es gratuita pero tiene que ser asequible y accesible”. En respuesta a una pregunta sobre el papel del gobierno, la Sra. Mashwana respondió que el gobierno debe seguir invirtiendo en infraestructura y fomentar la rentabilidad de los servicios públicos. El Sr. Gatel señaló que el gobierno es el titular del derecho al agua y debe asegurarse de que la gente tenga los medios para pagar sus facturas de agua.
• Dominique Gatel, de la Federación Francesa de Empresas de Agua (FP2E), habló en representación del sector privado sobre las repercusiones de la crisis en los flujos de ingresos de los servicios públicos. Según la legislación francesa, el acceso y la asequibilidad del agua son obligatorios. Las municipalidades deben recuperar plenamente sus costos mediante tarifas y explotar los servicios por sí mismas (en cuyo caso los ingresos están “acotados” y no pueden utilizarse para otros fines), o bien pueden subcontratar mediante licitaciones transparentes. Casi el 40% del costo de los servicios públicos se destina a gastos de capital (CapEx), el 30% se destina a personal y el 30% restante a suministros. La pandemia ha producido un impacto en los ingresos. Debido a sus obligaciones legales, las empresas de servicios públicos no pueden reducir su personal ni los suministros que utilizan, por lo que la única solución para las empresas de servicios públicos es reducir la inversión de capital cuando las finanzas están bajo presión, lo que tiene un impacto en el futuro.
• Jorge Werneck, que dirige el Organismo Regulador de Agua, Energía y Saneamiento Básico del Distrito Federal de Brasil, explicó que es difícil mantener el triángulo regulador del gobierno, la sociedad y las empresas, con el regulador equidistante en el medio, equilibrado en estos momentos. En la actualidad, las empresas están sufriendo reducciones en sus ingresos; describió las zonas del Brasil donde el 50% de los usuarios no están pagando sus facturas ya que están desempleados debido a la pandemia. Los reguladores deben mantenerse informados, analizar la situación y negociar con las empresas de servicios públicos para garantizar el suministro de agua. El reto después de la pandemia será recuperar los costos. Será un debate difícil: los mercados, las tarifas y el gobierno tendrán que desempeñar un papel para colmar este vacío.
• Dale Whittington, economista y profesor de la UNC en Chapel Hill, sugirió que observemos el panorama general: cómo se asignarán las pérdidas y quién las soportará. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que los dueños del capital deberían ser los primeros en soportar estas pérdidas y no la mano de obra. Es difícil para los servicios de agua en el Sur Global asignar las pérdidas al capital porque son de propiedad pública y no tienen deuda. No pueden recortar el CapEx, porque casi todos sus ingresos se destinan a la mano de obra y los suministros. Las empresas de servicios públicos no pueden pedir prestado en este momento al mercado de capitales, por lo que sólo hay tres posibilidades para asignar las pérdidas: 1) los fondos podrían provenir de un mayor nivel de financiación por parte del gobierno o de donantes internacionales; 2) los pagos a la mano de obra podrían reducirse; y 3) la mayoría de los clientes tienen que seguir pagando sus facturas de agua. La pregunta entonces es: ¿cómo orientar los subsidios para que la mayoría de los clientes sigan pagando las tarifas?
• Según Luis Andrés, economista principal de la Práctica Mundial del Agua, del Banco Mundial, primero es necesario cuantificar el déficit de financiación que se está creando en este momento, y luego proponer un mecanismo de liquidez para financiar los servicios públicos. Tiene que haber reglas de juego para que el gobierno apoye a las empresas de servicios públicos, y tenemos que ser más inteligentes en el uso de los subsidios para centrarse en aquellos que los necesitan. La experiencia muestra que la mayoría de los subsidios van a los que no son pobres, así que necesitamos mejores datos y una mejor orientación. Un simple método de focalización geográfica funcionaría, por ejemplo, para apoyar a las personas que viven en barrios marginales. 
• Dale Whittington reiteró que “es demasiado simple pedir al Estado que intervenga para compensar las pérdidas”, ya que todas las partes de la economía están tratando de conseguir este alivio. También subrayó que no todo el mundo necesita obtener su agua gratuitamente y que el agua gratuita para todos tiene varios problemas: es cara, empeora las cosas, ya que la gente usa más agua, y es difícil de revertir. “Pagaremos un alto precio si nos vamos de vacaciones en materia de tarifas por mucho tiempo”.
• Para concluir, varios de los panelistas hablaron del hecho de que la pandemia de la COVID no sólo es un desafío (para garantizar que las soluciones que encontremos no tengan consecuencias negativas duraderas) sino una oportunidad. Es una oportunidad para encontrar nuevas formas de trabajar juntos, para que los proveedores de servicios de agua sean más eficientes, para utilizar mejor los datos y la tecnología, y para aprender.

El Foro virtual prosiguió con un examen a fondo de la experiencia de Ghana. Clifford Braimah, de la Compañía de Agua de Ghana, declaró que incluso antes de la COVID, su empresa de servicios públicos no suministraba agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora, “tienen demasiadas cosas en sus manos”. La gran preocupación de las empresas de servicios públicos es la recuperación de los costos, y la preocupación sobre cómo se haría el reembolso, y si el Gobierno tendría fondos suficientes. Joseph Antwi, del Ministerio de Finanzas de Ghana, explicó que el Gobierno ha establecido un fondo específico, y que los proveedores de servicios de agua están siendo reembolsados con cargo a este fondo. Sin embargo, Clifford Braimah señaló que en lugar del aumento estimado del 10% en el consumo de agua, éste ha aumentado en un 25%, por lo que las estimaciones de las cantidades necesarias para cubrir las pérdidas son demasiado bajas. Vida Duti, de IRC Ghana, se refirió a la complejidad de la gobernanza en el sector del agua, el saneamiento y la higiene como uno de los principales desafíos para resolver los problemas de equidad en la prestación de servicios en las zonas rurales y periurbanas. Los sistemas de abastecimiento de agua dependen de muchas administraciones diferentes y están muy fragmentados. Faltan registros adecuados y es difícil proporcionar información fiable que permita reembolsar a los proveedores de agua de las zonas rurales. La falta de claridad sobre cómo funcionaría el reembolso ha llevado a que los vendedores de agua y los operadores privados simplemente suspendan sus servicios. 

Al igual que ocurrió en el caso del panel mundial, la conclusión de Ghana es que la pandemia presenta una oportunidad: en este caso, para analizar claramente la fragmentación del sector. Será una oportunidad perdida si no se aprovecha para ilustrar las formas en que el sector podría estructurarse mejor, con una supervisión adecuada, información coherente y una mejor rendición de cuentas.